La Circunscripción Transitoria Especial de Paz No. 8 la integran las zonas rurales de los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano, en el departamento de Bolívar; así como Colosó, Chalán, Los Palmitos, Palmito, Morroa, Ovejas, San Onofre y Toluviejo, en el de Sucre. Allí, de acuerdo con la base de datos de inscritos de la Registraduría, 40 candidatos se disputan la curul de las víctimas, en medio de una contienda marcada por las denuncias contra aspirantes posiblemente ‘colados’ o cooptados por los clanes políticos tradicionales.
A esto se suman las presiones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc o Clan del Golfo) que tienen presencia en la zona rural de Ovejas, María La Baja, El Carmen de Bolívar y San Onofre. En el Carmen de Bolívar, sus habitantes aseguran que, desde hace cuatro meses, este grupo ilegal ha recorrido las veredas diciendo por quién tienen que votar. “Están convocando a las comunidades a reuniones con enfoque político, de cara a las próximas elecciones”, le dijo a El Tiempo un líder del Carmen de Bolívar, que pidió la reserva de su nombre.
De acuerdo con los mapas de riesgo electoral para las elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que presentó la Misión de Observación Electoral (MOE), cuatro municipios de Sucre y dos de Bolívar están en riesgo medio y alto de violencia. Agregan que en los Montes de María la amenaza radica en la presencia de grupos armados ilegales, que impiden que algunos candidatos puedan hacer campaña.
Pero la violencia no es la única amenaza, también la corrupción. El informe refleja que es la segunda circunscripción con más riesgo de fraude electoral, después del Bajo Cauca. De los 12 municipios, los que más amenaza presentan son Córdoba, El Guamo, Zambrano, Colosó, Los Palmitos, Morroa y Toluviejo. El panorama llevó a la MOE a recomendarles a las autoridades electorales, a la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía adoptar medidas para prevenir oportunamente delitos contra el proceso como la trashumancia, compra de votos o cualquier acción que afecte la transparencia electoral.