Una noche, a finales de la década de los noventa, hombres armados llegaron a la cabaña El Cisne, el lugar donde se hospedaban los funcionarios del Parque Nacional Natural de Los Nevados, golpearon a la puerta y preguntaron con tono amenazador por Gabriel Echeverry, un guardaparques.
El día anterior, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habían ensañado disparándoles a unas truchas en la laguna del Otún, ubicada en la sección del parque donde trabajaba Echeverry. Las mataban con sus fusiles, las atacaron casi alardeando en presencia de los familiares del guardaparques, quien se acercó a decir que dejaran a los peces tranquilos. El reclamo no les gustó.
En la noche, en la cabaña El Cisne, los demás guardaparques les dijeron a los paramilitares que Echeverry no estaba. Había salido en la mañana hacia su casa en el Líbano, Tolima, para descansar un par de días. Por si acaso, los paramilitares fueron a buscarlo a otra cabaña, llamada Brisas, allí tampoco lo encontraron.
Cuando Echeverry regresó de sus días libres, su jefe le ordenó que se subiera en un vuelo para La Guajira con lo que tuviera a la mano. Llegó al Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en el Caribe colombiano. Allí estuvo un año sin salir de la reserva. Un año sin ver a su familia.
En el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en La Guajira, Gabriel permaneció un año sin poder salir debido a las amenazas de grupos armados en el lugar donde trabajaba antes. Foto de Mariana Guerrero.
No era la primera vez que temía por su vida. Unos años atrás, cuando trabajaba en el Parque Nacional Natural de Los Katíos, en Chocó, se vio amedrentado por la guerrilla de las Farc-EP. A principios de la década de los noventa, las AUC también llegaron a ese territorio. Según Echeverry, ambos grupos financiaban su operación con la madera que extraían del parque. Los decomisos que le tocaba hacer en su trabajo llevaron a que lo amenazaran con matarlo.
Sus compañeros en Los Katíos tuvieron que salir poco a poco. “Ellos no estaban jugando —afirma Echeverry, quien se retiró como guardaparques hace tres años—. Ellos mandaban a matar”. Al final, el parque quedó abandonado durante un tiempo.
Después, el Gobierno trasladó a Echeverry al Parque Nacional Natural Utría, también en el Chocó. Duró solo 15 días. En esa época, sus funciones de conservación no gustaron a los locales y un día encontró una nota debajo de su puerta en la que le daban pocos días para salir del lugar.
“Las amenazas son el paisaje para nosotros los guardaparques”, dice Carlos Alberto Aguilar, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Parques Nacionales Naturales de Colombia (Sintraparques). El temor y la incertidumbre siguen siendo protagonistas del día a día de estos funcionarios, según él. En muchos casos, el miedo llega a ser paralizante, el silencio toma la delantera y varias de las amenazas no llegan a ser reportadas para evitar que se conviertan en hechos.
Gabriel Echeverry fue trasladado de por lo menos cuatro parques por las amenazas de grupos armados. En lo corrido del año, cuatro guardaparques han sido declarados objetivo militar por estos actores. Foto de Mariana Guerrero.
“Solamente armados de nuestro valor y la camisa de la conservación es que enfrentamos a las personas que están cometiendo infracciones”, asegura Aguilar. En lo corrido del año se han reportado cuatro amenazas contra estos funcionarios: un panfleto con sentencia de muerte en La Macarena, en el Meta; una advertencia mediante terceros en Tuparro, Vichada; una extorsión y declaración de objetivo militar en Munchique, Cauca, y una amenaza directa en su residencia en La Paya, Putumayo. Todas las intimidaciones nacieron del ejercicio de la autoridad ambiental, según Parques Nacionales Naturales.
“Nos sacaron de los parques, nos amenazaron, nos echaron de muchos lugares que terminaron quedando solos”. Miembro del colectivo de guardaparques de Colombia.
En esos casos, el protocolo es reportar lo sucedido a sus superiores e iniciar un proceso con las autoridades correspondientes. Dependiendo de la magnitud de la amenaza, se reubica al funcionario o se buscan garantías por medio de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, los cinco guardaparques entrevistados para esta historia aseguran que los traslados dependen de la disposición de sus jefes y los esquemas de protección de un proceso evaluativo de la institución que pocas veces se asignan.
“Cuando los intereses son diferentes a la conservación, y mucho más grandes, requieren medidas más drásticas y es ahí cuando el objetivo del guardaparque no tiene eco y quedamos solos —dice Aguilar—. Si bien las autoridades nos acompañan en el momento de la infracción, cuando pasa la tormenta volvemos y quedamos solos en el lugar”.
Según los guardaparques, existen conflictos en todas las 59 áreas protegidas. “Siempre hay una infracción, siempre hay intereses que se cometen detrás de esas infracciones contra el ambiente”, afirma Echeverry.