No es coincidencia que, desde la primera semana de enero de 2022, en los cuatros municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), es decir, en Arauquita, Tame, Fortul y Saravena se haya recrudecido la violencia y que esto afecte directamente el proceso electoral que adelantan los 16 aspirantes a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 2, en el departamento de Arauca.
Esta es una de las conclusiones a las que llega el abogado e integrante del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente Colombia, Juan Carlos Torregrosa, ya que, al estar ubicados en la segunda frontera más extensa de Colombia, en límites con Venezuela, y al prevalecer una política extractivista como otras zonas del país que también son circunscripciones, esto exacerba los conflictos sociales y políticos.
“Se ha dado una intervención que hemos llamado de ‘reparamilitarización’. Estamos planteando que hay estructuras como disidencias de las Farc, que vienen actuando en ese sentido y que eso, con el enfrentamiento que hay con las estructuras del Eln (Ejército de Liberación Nacional) y la militarización, complican aún más la seguridad de los líderes, organizaciones y medios alternativos”, comenta Torregrosa.
Para el también defensor de derechos humanos, el papel que jugarán las curules de paz en el Congreso de la República será clave para la reparación, y más aún, para regiones como Arauca, donde la reconstrucción del tejido social ha sido un “plan de vida para las víctimas”, que se puede ver afectado con los desplazamientos de algunas comunidades a los cascos urbanos.
“En Arauca estos procesos los hemos denominado embriones de poder popular”, explica Torregrosa, que se materializan en esta región con la creación de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (ECAAAS ES), la Cooperativa Agropecuaria del Sarare y el desarrollo de emisoras comunitarias.
Asimismo, como lo ha analizado la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la explotación petrolera ha llevado mayor militarización al territorio a causa de los grupos armados, lo que ha aumentado la dinámica y la creación de organizaciones de campesinos, mujeres, estudiantes, trabajadores, indígenas, líderes sociales y comunales.
Sin embargo, entre el 1 de enero y el 23 de febrero de 2022, en medio de atentados terroristas, asesinatos, intimidaciones, secuestros y enfrentamientos, perdieron la vida 84 ciudadanos y 2687 han sido desplazadas, según la Defensoría del Pueblo, a municipios como Toledo (Norte de Santander), Puerto Carreño (Vichada) y la zona de frontera con Venezuela. La región del Sarare, es decir, en los cuatro municipios que conforman la Circunscripción Transitoria Especial para la Paz 2 (CTEP 2), es la más afectada, asegura la Personería de Tame.
En medio de este panorama los aspirantes a la curul de paz adelantan sus campañas. Según el documento Mapas de Riesgos Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), presentado el 9 de febrero, los cuatro municipios de esta CTEP se encuentran en riesgo extremo por violencia y riesgo medio de fraude electoral, y que esto va de la mano de la ilegalidad. Por esto, ante esas amenazas, las autoridades deben propiciar la participación democrática.