Cuando el Gobierno de Iván Duque celebra el haber completado la compra de 66.5 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo que es suficiente para inmunizar al 78.8 % de la población del país (es decir, a 37 750 000 millones de personas), no está claro cuánto se ha pagado ni si el negocio se ha hecho directamente con los laboratorios, Gobiernos extranjeros o algún agente intermediario.
Hasta hoy, el Gobierno de Colombia destinó un total de 497 millones de dólares para la compra de vacunas, según el análisis de cuatro resoluciones oficiales disponibles. Sin embargo, estas disposiciones no informan el número de dosis que fue posible comprar con ese monto desembolsado. Tampoco incluyen todos los laboratorios que Colombia ha contratado para avanzar en su plan de inmunización.
Ante una solicitud de acceso a la información pública presentada el 23 de marzo, el Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (encargada del manejo de los recursos en la emergencia) no han respondido el pedido para informar sobre las condiciones impuestas por los laboratorios al Estado colombiano en los contratos por las vacunas. La solicitud fue presentada por la alianza Más información + derechos, de la que forma parte Consejo de Redacción a través del Programa Antonio Nariño, junto con Transparencia por Colombia, Dejusticia y la Corporación Ocasa.
La iniciativa para acceder a los contratos, convenios y condiciones de los acuerdos con las farmacéuticas se realizó también en el marco de la alianza ‘Vigila la Pandemia’ y el proyecto periodístico ‘Tras la pista de los dineros del COVID-19’, que integra Consejo de Redacción, junto a medios aliados de Perú, Ecuador, Venezuela, México, Panamá y Argentina, con resultados idénticos: en todos los países, los contratos están bajo siete llaves.
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En Colombia, otras peticiones de información hechas por medios de comunicación, congresistas y organizaciones de la sociedad civil, además de órdenes de jueces, también han recibido respuestas negativas sobre los convenios, contratos, cantidades y condiciones que el Gobierno de Colombia ha aceptado ante los proveedores de vacunas. El Ejecutivo se ampara en acuerdos de confidencialidad para denegar el acceso a los contratos o suministrar información sobre las condiciones de contratación.
No hay una fuente unificada —como una plataforma de información o una base de datos pública, actualizada y depurada— que permita hacerles seguimiento a los millonarios fondos que está pagando el Gobierno colombiano para sacar adelante el programa de inmunización. Y recién el 19 de abril, a dos meses de iniciada la campaña de vacunación, fue publicada una herramienta que permite hacerle seguimiento al proceso.
Los desembolsos para comprar las vacunas se iniciaron en el último trimestre de 2020 y desde ese momento se habla de cifras globales y se enuncian de manera general las inversiones, pero no hay contratos, cuantificaciones o precios unitarios y generales que transparenten los movimientos.
Al 13 de abril, en la página oficial Mivacuna.com, se informa que 20 millones de dosis para 10 millones de colombianos fueron adquiridas por mecanismo Covax y, por mecanismos bilaterales, 46.5 millones de dosis más. Total: 66.5 millones de dosis contratadas.