El desesperado clamor por la comida y las entregas masivas de alimentos subsidiados son algunas de las imágenes que dejó el primer año del coronavirus en Colombia. En el caso del Caribe, sus ocho gobernaciones y siete alcaldías capitales compraron, entre marzo y octubre de 2020, casi 153 000 millones de pesos en mercados para los más pobres de esta región, donde la mitad de sus habitantes vive del rebusque callejero.
Lee la nota secundaria de esta investigación periodística ‘El hambre que la pandemia caldeó’.
Se trató de negociaciones millonarias en casi todo el país que no escaparon a los señalamientos ciudadanos por posibles sobreprecios o por presunta falta de idoneidad de los contratistas seleccionados, en parte porque se celebraron bajo la modalidad de urgencia manifiesta; una figura legal que les permitió a los gobernantes locales contratar de manera directa y en tiempo récord para enfrentar con más rapidez los estragos de esta emergencia en sus territorios.
Tan pronto los mandatarios entregaron los primeros mercados empezaron las denuncias e investigaciones de los organismos de control. Hasta junio de 2020, después de la primera ola de contagios en el país, la Fiscalía había dictado medida de aseguramiento contra diez alcaldes y citado a interrogatorio, en calidad de indiciados, a otros tres gobernadores y a tres mandatarios municipales por distintas compras para la emergencia, según informó esa entidad en un comunicado oficial.
Sobre las investigaciones en curso contra alcaldes y gobernadores, por compras de mercados para atender la emergencia sanitaria, no fue posible obtener información actualizada, porque la Fiscalía no la entregó, argumentando que “constituyen información pública clasificada y que pertenecen al ámbito privado o semiprivado cuya divulgación indiscriminada pone en riesgo los derechos fundamentales a la intimidad”. Eso respondió la entidad a un derecho de petición enviado por este equipo periodístico.
Algunas de las investigaciones de la Contraloría y la Procuraduría por presuntas irregularidades en las compras de mercados, incluso, llevaron a la suspensión temporal de sus cargos a varios gobernantes y funcionarios en el país, como le sucedió en mayo de 2020 al alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez —después absuelto—.
Por esa misma época también fueron separados temporalmente de sus cargos, como parte de una investigación por presuntas faltas disciplinarias adelantadas por la Procuraduría, la secretaria general de la Gobernación del Cesar y la jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático de ese departamento.
Pero más allá de las posibles irregularidades, poco se ha contado de los rostros detrás de la contratación de alimentos, que en el Caribe graduaron como “millonarios contratistas” de la emergencia sanitaria a cinco empresas.
Fueron esas cinco firmas las que vendieron más de la mitad del millón de mercados, que gobernaciones y alcaldías capitales del Caribe compraron para repartir entre marzo y octubre de 2020.
Se puede apreciar la base de datos completa con los 89 contratos aquí.
Esas empresas —que firmaron 17 de 89 contratos— tienen en común experiencia previa en contratación pública y un sólido músculo económico para abastecer una demanda de comida como la requerida durante esta emergencia sanitaria. Cuatro de ellas, de hecho, ya eran conocidas en el sector de alimentos del país.
Algunos de los contratos suscritos por estas firmas son examinados por los organismos de control después de denuncias ciudadanas por supuestas irregularidades.
Estos son los rostros de los cinco megacontratistas de los mercados por la emergencia que dejó el 2020 en el Caribe.